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La Cámara de Cuentas y la declaración de responsabilidad civil

EN DIRECTO Cristóbal Rodríguez Gómez

07/10/2020, 12:00 AM Diario Libre


Una de las atribuciones más importantes, que asigna la Ley 10-04 a la Cámara de Cuentas es la de establecer las responsabilidades en que puedan incurrir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. El artículo 46 consagra que La Cámara de Cuentas es competente para establecer las responsabilidades de carácter administrativo y civil, a como para señalar los hechos que constituyan indicios de responsabilidad penal.”

¿Cuáles hechos comprometen la responsabilidad civil y administrativa de los funcionarios públicos? La respuesta se encuentra en los artículos 47 y 48 de la Ley 10-04. El primero de esos textos dispone que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de las entidades y organismos sujetos aesta ley, se establecerá por inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias y por el incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y deberes oestipulaciones contractuales, que les compete.”

Se trata de un ámbito de responsabilidades que pueden dar lugar a sanciones que van desde la simple amonestación hasta la destitución del cargo.

Distinto ocurre en materia de responsabilidad civil por la disminución del patrimonio de las instituciones públicas que resulte de la inadecuada actuación de los funcionarios responsables. El citado precepto está previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas número 10-04, en los siguientes términos: La responsabilidad civil de los servidores públicos de las entidades yorganismos sujetos a esta ley se determinará en correlación con el perjuicio económico demostrado en la disminución del patrimonio sufrido por dichas entidades u organismo respectivo, debido a su acción u omisión culposa.” (Subrayado nuestro).

Distinto a lo que sucede en materia de responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil se refiere a daños operjuicios económicos ocurridos en menoscabo del patrimonio de las entidades públicas. Cuando esto sucede, la ley faculta a la Cámara de Cuentas aactuar.

En concreto, el párrafo primero del artículo 48 prevé que cuando la Cámara de Cuentas compruebe el perjuicio patrimonial e identifique los responsables, sin que sea menester esperar la finalización del examen, procurará la restitución de los bienes ovalores, ordenando a la autoridad superior de la entidad adoptar las acciones que correspondan para este fin. Si en el plazo de treinta as posteriores a la notificación formal del hecho la autoridad no procede a dar cumplimiento a las disposiciones emitidas, la Cámara de Cuentas procederá a someter el hecho a la acción de la Justicia, mediante resolución aprobada por el pleno, de acuerdo con lo que disponga el reglamento elaborado por dicha institución.”

Como se aprecia, la Cámara de Cuentas tiene el deber, por sí misma, de procurar y perseguir la restitución de los bienes yvalores por los montos con que se haya lesionado el patrimonio público, pudiendo incluso encausar judicialmente a quienes se negaren a cumplir con la resolución que ordena la restitución de los bienes.

Se trata de una amplia facultad concebida para la preservación de los bienes y de los dineros correspondientes al pueblo dominicano.

Cuando la Cámara de Cuentas emite una resolución que ordena la restitución de bienes con los que se ha lesionado el patrimonio de una determinada institución, dicha resolución adopta la fuerza de un título ejecutorio, lo cual implica que la medida está investida de la suficiente autoridad para que las instituciones correspondientes persigan a los responsables.

Lo anterior encuentra sustento en el párrafo II del artículo 48 de la Ley 10-04: En los casos de los dos artículos anteriores, las conclusiones contenidas en las resoluciones emitidas en base alos informes de auditoría, estudios einvestigaciones especiales de la Cámara de Cuentas, quedan constituidas en títulos ejecutorios y como tales servirán de fundamento para que las autoridades competentes, mediante el procedimiento de apremio establecido en el Código Tributario, ejerzan las acciones conducentes a recuperar los valores yefectos que correspondan al Estado Dominicano y sus instituciones, cuyo patrimonio fuera disminuido por los hechos ilícitos que dieron origen al daño causado, sin perjuicio de las indemnizaciones que sean acordadas por los órganos jurisdiccionales competentes.”

Es importante indicar que la facultad de la Cámara de Cuentas en materia de declaratoria de responsabilidad civil persigue al funcionario aún después de haber cesado en el desempeño de sus funciones.

En relación con lo anterior, el Párrafo III del artículo 48 contiene la siguiente previsión: El hecho de que el funcionario o empleado haya cesado en sus funciones, no constituye un obstáculo para que la Cámara de Cuentas declare la responsabilidad prevista en este artículo y para que las autoridades competentes ejerzan las acciones de recuperación yresarcimiento del daño causado al patrimonio público, para lo cual estas últimas tienen un plazo de cinco (5) os, contado a partir de la resolución dictada por el pleno.”

El descrito, es un régimen de responsabilidad civil distinto al previsto por el artículo 148 constitucional. El mismo dispone que las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación uomisión administrativa antijurídica.”

Este último está previsto como parte del derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños sufridos en ocasión de las actuaciones u omisiones antijurídicas de la administración y sus funcionarios, y está regulado por los artículos 57 y siguientes de la Ley 107-13.

Por su parte, la declaratoria de responsabilidad civil prevista en la Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas está orientada a la preservación de la integridad del patrimonio público. Esta facultad nunca ha sido ejercida por dicho órgano de fiscalización.

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